EL FISCAL MARIJUAN DENUNCIÓ PENALMENTE A IGUACEL POR EL TARIFAZO EXTRA –AMPAROS DE ENTIDADES CIVILES

EL FISCAL MARIJUAN DENUNCIÓ PENALMENTE A IGUACEL POR EL TARIFAZO EXTRA –AMPAROS DE ENTIDADES CIVILES

El instructor le atribuyó al secretario de Energía una “violación de los deberes de funcionario público”. El Gobierno intenta compensar a las distribuidoras de gas por el impacto de la devaluación, en detrimento de los usuarios.

(ANDigital) El fiscal Guillermo Marijuan denunció al secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, tras la suba intempestiva del gas.

“He decidido hacer una denuncia con motivo del dictado de la resolución, que establece un aumento en la tarifa del gas retroactiva porque trata de compensar a las empresas distribuidoras en el período que va de abril a septiembre”, explicó el instructor en declaraciones a Radio La Red.

Asimismo, puso de relieve que “los contribuyentes ya han hecho pagos y uno de los efectos que tiene el pago es la cancelación total. Con lo cual no se puede de modo alguno quitarle esa entidad jurídica que tiene el acto del pago”.

Vale reseñar que el Gobierno de Mauricio Macri oficializó un aumento mayor en las facturas de gas para compensar a las firmas productoras por “la marcada variación del tipo de cambio” entre abril y septiembre de este año.

La administración macrista informó que los usuarios podrán abonar esa diferencia en 24 cuotas a partir de enero de 2019.

Amparo colectivo

El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) presentó este lunes ante la Justicia Federal de La Plata una acción de amparo colectivo de alcance nacional contra el tarifazo de gas extra, en 24 cuotas y con interés, impuesto por el Gobierno nacional al conjunto de los usuarios de ese servicio público.

La acción determina la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía dictada el viernes pasado por el Poder Ejecutivo nacional. También del inciso 5° del artículo 37 del decreto 1738/92 y del punto 9.4.2.5 de las Reglas Básicas de Licencia de Distribución aprobadas por Decreto 2255/92. Este conjunto de normativas van en contra de los artículos 1, 14, 16, 17, 42 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y, por lo tanto, son inconstitucionales y nulas.

La presentación establece que el aumento del gas se produce por la decisión gubernamental de devaluar el peso y, por tanto, “las consecuencias no pueden soportarlas exclusivamente los usuarios del servicio”.

“La diferencia que existe entre el precio de las tarifas para los usuarios establecido en audiencias públicas y el costo del gas previsto en los contratos no puede ser afrontado por los ciudadanos porque de ese modo estarían asumiendo riesgos y costos que no han sido generados por ellos”, expuso el CEPIS.

Según se argumentó, “el aumento extra, en cuotas y con tasas de interés de la tarifa del gas establecido en la Resolución 20/2018 no cumple con el procedimiento de audiencia pública” y “aún en el caso de que la Justicia considere legal el traslado del precio dolarizado del gas a los usuarios, el Gobierno nacional no cumplió con las audiencias públicas para definir el modo y forma de pago de la derivación de los costos a los ciudadanos”.

La acción de amparo solicitada por CEPIS pide a la Justicia que disponga la nulidad de la Resolución 20/2018 debido a su “manifiesta inconstitucionalidad” y solicita al Poder Judicial que ordene a la Secretaría de Energía que “se abstenga de trasladar a los usuarios del servicio público de gas natural por redes y gas propano los costos derivados de la devaluación del peso durante el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2018, hasta que se decida si los aumentos son o no constitucionales”.

(ANDigital)