DECEPCIÓN Y REPUDIO DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS POR LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ORAL EN EL TERCER JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

DECEPCIÓN Y REPUDIO DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS POR LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ORAL EN EL TERCER JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

El Observatorio de Derechos Humanos de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, ante la sentencia del Tribunal Oral Federal de San Luis dictada el día 10 de mayo de 2019, durante el Tercer Juicio por delitos de Lesa Humanidad, expresó su decepción y enérgico repudio a lo resuelto por los jueces Julián Falcucci, Alberto Daniel Carelli y María Paula Marisi.

Luego de décadas de lucha por Memoria, Verdad y Justicia, y después de dos juicios realizados en la provincia donde se dictaron condenas ejemplares, con audiencias en las que los testimonios de sobrevivientes y testigos permitieron llegar a esta tercera instancia en que, junto a militares y fuerzas de seguridad, se comenzó a juzgar a los cómplices civiles de la dictadura en San Luis, esta sentencia reciente no ha tenido en cuenta la gravedad e imprescriptibilidad de los delitos cometidos por el ex juez Federal, Eduardo Allende, el ex Teniente de Artillería Nº 141 y ex funcionario del gobierno provincial Alberto Eduardo Camps, y el ex médico de la Policía Provincial, Jorge Omar Caram, todos partícipes del Plan Sistemático de persecución, detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición de personas del Terrorismo de Estado.

Las condenas leves para la cantidad de crímenes cometidos por la responsabilidad que les cabía a estos funcionarios y empleados del Estado, todos delitos demostrados y ampliamente documentados, y en contrario a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal en cuanto a las penas, constituyen una oscura mancha en la labor que hasta ahora se venía realizando en el Tribunal Oral Federal en las causas por delitos de Lesa Humanidad ocurridos en la provincia de San Luis.

Las sentencias que fueron festejadas por los propios torturadores y cómplices de los genocidas por lo irrisorias, han beneficiado con atenuantes inexplicables tratándose de delitos cometidos utilizando la estructura del Estado, a Alberto Eduardo Camps a 7 años, Jorge Omar Caram a 6 años, y a Eduardo Allende a 12 años, y además, sin cumplimiento efectivo de cárcel común inmediata, demostrando un flagrante desprecio por el dolor producido durante décadas a quienes padecieron su accionar y esperaban encontrar Justicia.

Frente a tan vergonzoso fallo, rechazamos categóricamente la decisión del tribunal, y continuaremos en la búsqueda de la Verdad y la Justicia, sosteniendo el ejercicio de la Memoria, y exigiendo las penas correspondientes a la magnitud de los delitos cometidos tanto por miembros del Estado como por los cómplices civiles, y el cumplimiento efectivo en cárcel común de todos y cada uno de los genocidas.