REPUDIO ANTE LOS PROCEDIMIENTOS POLICIALES

13.06.2014 07:47

Una nueva y más ampliada manifestación de repudio expidió el Observatorio de Derechos Humanos y la Dirección de Derechos Humanos tras el salvaje acto de violencia institucional sufrido por la familia Albornoz, del barrio Eva Perón Anexo III. 

Ana María Garraza, Directora de Derechos Humanos de la Municipalidad, brindó más detalles que aumentan la indignación de quienes se van a cercando a esta aberrante historia. Entre las reflexiones que dejó compartimos la siguiente: “Tanto Antonio Albornoz como Ángela Chirino Durán están muy afectados físicamente, pero sobre todo poseen un estado de angustia y zozobra muy profundo. El Ministro de Seguridad manifestó en su momento que Antonio había efectuado un tiro al aire, bueno, efectivamente fue así, pero les explicaremos toda la situación para que quede bien claro que el hecho es injustificables desde todo punto de vista”. 

Al explicar cronológicamente lo sucedido, Garraza dijo que “Ángela siente ruidos en su vivienda y lo primero que ve es un individuo encapuchado. Su primer pensamiento es que están ingresando a robar a la vivienda. Por lo tanto Antonio realiza un disparo al aire en defensa de su vida y sus bienes. En esta Provincia, cuando un delincuente entra a robar a un barrio privado y es repelido o abatido, el pensamiento común es que se trató de un caso de defensa personal. Ahora, cuando esto es realizado por habitantes de barrios vulnerables la acción continua es un brutal acto de represión institucional”. Agregó, como agravante, que “El hijo de la pareja, de 21 años, estuvo siete horas precintado en el piso recibiendo golpes de parte de la policía. Y de la casa de Antonio, el personal del operativo, robó dinero y cheques de inclusión y destrozaron sus bienes, su ropa y todo lo que pudieron”. 

Para culminar su intervención, la Directora dijo que “De esto nadie se hace cargo. El Estado Provincial, el Gobernador, la Fuerza Policial, su Jefe, el Ministro de Justicia, todos ellos son los responsables de lo ocurrido y no se hacen cargo de nada. Deberían hacerse responsables de las secuelas físicas, psíquicas y materiales de lo ocurrido. Lamentablemente estos procedimientos nos recuerdan a los de la época de la dictadura. Y demuestra una impunidad inaudita y las declaraciones del Ministro de Seguridad sinceramente son lamentables”. 

María José Domínguez, Directora de Abordaje Territorial, por su parte, reveló que desde hace tiempo la Municipalidad estaba trabajando con esta familia. La misma había sido revelada por los agentes sanitarios y se había constatado sus dificultades previas, que tras la criminal agresión aumentaran considerablemente. 

Entre los comentarios que brindo, dijo que “Ángela y Antonio viven en la manzana 45, casa 10. Hemos trabajado con ellos desde hace casi un año. Los datos que tenemos son alarmantes. Antonio, antes del hecho, ya cobraba una pensión por discapacidad. Ahora su situación será peor. Ángela carece de defensas porque le extrajeron hace tiempo el vaso, es hipertensa severa, ha tenido dos ACV (accidente cerebro-vascular). Recibió disparos de bala de plomo y de goma en el abdomen, donde además tenía una hernia. Su estadía en el hospital es sumamente riesgosa por la posibilidad de contraer un virus intrahospitalario al carecer de defensas naturales”.

Además, agregó que “ambos se encuentra con mucho temor de volver a su hogar por las secuelas psicológicas de lo sucedido. Y a todo esto se le suma el abandono sufrido por parte del gobierno que no los ha asistido en nada. No tienen dinero, no tienen alimentos, se han quedado sin ropa, sin cama, que también fue destruida por los policías. Solamente la Municipalidad y los vecinos estamos apoyándolos. Docep es la obra social de Ángela por ser parte del Plan de inclusión social y no le cubre nada”. 

Las dimensiones de todo lo acontecido son inauditas. El Estado Provincial no se ha hecho cargo de lo que sucedió y eso es aun sumamente más grave. La Municipalidad aboga por respuestas, mientras continúa acompañando a estas víctimas de un nuevo hecho de violencia institucional por parte de la gobernación provincial.