COMUNICADO DEL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

11.06.2014 07:28

El Observatorio de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Luis, ante los acontecimientos ocurridos en nuestra ciudad la noche del jueves 5 de junio en la casa 10, Manzana 46, del Barrio Eva Perón, Anexo 3, considera necesario expresar algunas reflexiones. 

En una clara práctica antidemocrática, el grupo COAR de la Policía de la Provincia de San Luis, allanó violentamente la vivienda mencionada, produciendo graves heridas a Antonio Albornoz y a Ángela Chirino Duran, ambos internados en este momento en el Policlínico Regional, en la sala de Traumatología. De acuerdo a los informes recabados en el nosocomio de parte de los profesionales de la salud que intervinieron en el caso, se revela que el Sr. Albornoz arribó al hospital con 15 heridas y la Sra. Chirino Duran con 5 heridas, todas de bala, en diferentes partes del cuerpo. 

Además, el hijo de Antonio fue mantenido acostado boca abajo, con las manos precintadas y golpeado, durante 7 horas en la misma vivienda, mientras el personal del grupo COAR revisaba y destrozaba las habitaciones de la vivienda. A esto hay que agregar que en el mismo procedimiento policial se produce el robo de dinero (mil pesos) y de cheques de inclusión por el valor de quinientos pesos. 

Este suceso, que no constituye un hecho aislado, sino que posee antecedentes de las mismas características en diferentes actuaciones de efectivos de la policía provincial, no debería ocurrir en un estado democrático y constitucional. Remiten, lamentablemente a las prácticas de los  grupos de tareas de la Dictaduras Cívico Militares, que implementaron el terrorismo de estado en nuestro país y en nuestro continente. Las autoridades policiales declaran que este procedimiento fue un error; de ninguna manera esto justifica que se actúe con impunidad, violentando las mínimas reglas del derecho; aún en el caso de buscar la detención de un delincuente, las fuerzas de seguridad deben proceder como auxiliares del Poder Judicial, acatando las órdenes y disposiciones que surjan de un Tribunal competente y con las herramientas de respeto a las personas, que la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, garantizan. 

Llama la atención el silencio del Instituto Provincial de Derechos Humanos de San Luis, que debería bregar por el respeto de esas garantías constitucionales de todos los ciudadanos de la provincia. Porque, por otra parte, esta modalidad de actuación policial se produce especialmente en barrios periféricos y sectores vulnerables. 

Las secuelas físicas y psíquicas producidas por este hecho aberrante, en las víctimas, el miedo y la zozobra que vive la familia y sus vecinos, son responsabilidad de las fuerzas policiales, el Jefe de la Institución, del Ministro de Seguridad y del Gobernador de la Provincia de San Luis. De la misma manera, son ellos los que deberán garantizar la seguridad y la vida de esta familia. El sistema democrático no debería admitir prácticas de esta naturaleza.