ABORTO NO PUNIBLE

13.08.2012 08:32

 

  La discusión por el fallo de la Corte Suprema pasó por la municipalidad.

   Héctor Masquelet, abogado titular del Jurado de Enjuiciamiento del Ministerio Público, disertó sobre los alcances del pronunciamiento del máximo órgano de Justicia del país en la Sala de Situación.

   “La discusión sobre el aborto no punible es un debate que hace al concepto de democracia. El fallo de la Corte tiene una enorme importancia institucional por varios motivos, porque abrió esta discusión y puso en la agenda un tema oculto”. Con estas palabras, Héctor Masquelet abrió su disertación referida al fallo de la Corte Suprema sobre el aborto no punible el viernes pasado en la Sala de Situación. El letrado, miembro titular del Jurado de Enjuiciamiento del Ministerio Público, estuvo acompañado por el Intendente Enrique Ponce y funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos municipal, el Consejo de la Mujer y el Observatorio de Derechos Humanos.

   “Lo que vale la pena señalar –prosiguió el letrado-, es el enorme valor de este debate, porque la verdad es que se trata de un tema que estuvo oculto en la Argentina y en Latinoamérica, pese a ser de enorme importancia social y gravedad”. Para afirmar sus dichos, Masquelet   mencionó las cifras que publicó la Organización Mundial de la Salud (OSM), sobre las muertes por “abortos no seguros”: “Según la Organización Mundial de la Salud hay por año 40 millones de abortos en el mundo, no es un tema menor. De esa cifra, la mayor parte está en América Latina”.

  En un fallo histórico, la Corte Suprema sentenció, en marzo de este año, que “lejos de estar prohibido, el aborto está permitido y no resulta punible cuando el embarazo es consecuencia de una violación”. El dictamen vale para toda mujer y es un derecho que se debe interpretar en forma “amplia” y sin distinciones“discriminatorias” que lo limiten a quienes padecen una discapacidad mental. Interrumpir la gestación producto del abuso sexual tampoco requiere ninguna clase de autorización judicial ni trámite burocrático.

   El abogado se refirió a una de las principales críticas que desde los sectores conservadores le hacen al fallo y que tiene que ver con los “casos fabricados”, es decir, violaciones inexistentes. “La sola sospecha de una declaración jurada falsa podría derivar en una causa penal; sin embargo, la atención no debe centrarse solo ahí”. De acuerdo al dictamen de la Corte, los médicos pueden plantear su objeción de conciencia, pero deberá ser resuelta por el centro de salud a través de un protocolo y en el momento que esas pautas se efectúen para evitar obstáculos.

   “La objeción de conciencia es todo un tema. Está bien que las provincias tengan un registro para planificar los servicios de salud, pero también tiene que estar prevista la circunstancia en la cual el médico, sobretodo de una institución pública, queda como única alternativa. La obligación de prestar el servicio está por encima de la objeción de conciencia”, dijo Masquelet, que también dirige el Centro de Diagnóstico y Propuesta en Seguridad Pública de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

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